La exfiscal venezolana Luisa Ortega, que abandonó su país tras ser acusada de traición por el Gobierno de Nicolás Maduro, afirmó este miércoles tener pruebas de que el dirigente chavista Diosdado Cabello recibió 100 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Ortega aseguró que el dinero fue depositado en una "empresa española", propiedad de los primos de Cabello, Luis Alfredo Campos Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello, y denominada TSE Arietis.
La legisladora subrayó en sus declaraciones a la prensa que entregará las pruebas a las autoridades de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y España, "para que se investigue" en "virtud del principio de jurisdicción universal".

La exfiscal general de Venezuela , que llegó esta madrugada a Brasilia tras huir la pasada semana de su país, aseguró que también tiene pruebas que "comprometen" a Maduro.

También señaló en declaraciones a periodistas que Maduro sería dueño de una empresa mexicana contratada por el Estado venezolano para la distribución de bolsas CLAP.

Ortega, a quien el Gobierno de Colombia ha ofrecido asilo, fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente

"En Venezuela no hay justicia", subrayó Ortega, que este miércoles participó como invitada especial en una reunión de fiscales del Mercosur en Brasilia, donde consideró que la situación de su país amenaza a la región.

La exfiscal venezolana, que también se ha reunido con el canciller brasileño, Aloysio Nunes, llegó a Brasil pocas horas después de que Maduro anunciara que le pedirá a Interpol su captura y la de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer.

Ortega, a quien el Gobierno de Colombia ha ofrecido asilo, fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que la acusa de haber cometido "actos inmorales".

Contra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por la Constituyente y por el nuevo fiscal general de integrar una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.

14 Y MEDIO