Por Luis Esteban G. Manrique.-

En noviembre del año pasado, ante la persistente caída de los precios del petróleo, Venezuela, que depende de la renta petrolera para el 95% de sus ingresos, intentó convencer a sus socios de la OPEP –y especialmente a Arabia Saudí– para que recortaran su producción, de modo que el precio del barril, que ya se acercaba peligrosamente a los 50 dólares, regresara a los 100 dólares.

Rafael Ramírez, por entonces presidente de la petrolera estatal PDVSA y representante de Venezuela ante el cartel petrolero, presionó al ministro de Energía saudí, Ali al Naimi, para que el reino del desierto impusiera en la OPEP cuotas de producción más estrictas y a la baja.

Pero los saudíes no estaban dispuestos a asumir la parte del león de los recortes. Al Naimi replicó a Ramírez que Rusia o México tendrían que compartir la carga si querían llegar a un acuerdo con la OPEP. Al final, los venezolanos convocaron el 25 de noviembre una reunión a cuatro bandas con responsables de Arabia Saudí, Rusia y México para coordinar una estrategia de precios conjunta.

Al Naimi exigió a los rusos que –dado que la producción de sus respectivos países rondaba los 10 millones de barriles diarios (mbd)–, cualquier reducción debía ser equitativa. Los rusos descartaron de plano esa posibilidad. “Si reducimos nuestra producción, los principales beneficiarios serán nuestros mayores competidores. Esos tiempos se acabaron”, comentó posteriormente Al Naimi al Middle East Economic survey.

Maduro, frustrado por el fracaso de la negociación, defenestró a Ramírez, nombrándole embajador ante la ONU. Su preocupación estaba más que justificada. Después de haber recibido casi un billón de dólares en ingresos por sus exportaciones petroleras desde 1999, las reservas de divisas del país apenas rozan los 21.000 millones de dólares.

Dado que ni México ni Rusia van a pedir su ingreso en la OPEP o a ajustarse a sus cuotas, la mayoría de analistas cree que, a menos que se produzca un cataclismo geopolítico que reduzca drásticamente la oferta mundial de crudo, los precios se mantendrán bajos a corto y mediano plazo. La razón es simple: la actual producción mundial excede en un millón de barriles diarios la demanda mundial.

¿Quién gana y quién pierde?

El problema es que el mediano plazo puede significar varios años, una eternidad para varios países productores latinoamericanos, que tendrán que diversificar sus economías y aumentar sus ingresos tributarios para compensar las pérdidas. El FMI ya ha reducido sus previsiones de crecimiento de la región a un mediocre 1,5% para 2015.

Los gobiernos de la región que utilizaron la bonanza de las materias primas para multiplicar el gasto público, ahora se encuentran en la incómoda situación de tener que recortar sus presupuestos en medio de crecientes tensiones sociales. Casi todos los países exportadores de crudo –Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Venezuela– ya lo han comenzado a hacer.

En México, el tercer productor de la región, la contribución de la industria petrolera al PIB es de solo el 6% mientras que las exportaciones de crudo no superan el 12% del total. Pero debido a la baja presión fiscal del país –del 19% del PIB, apenas superior a la de Guatemala y Haití–, el petróleo representa casi el 30% de los ingresos del gobierno federal.

De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto ya ha anunciado recortes presupuestarios por valor de 8.400 millones de dólares (el 3% del gasto previsto) y la cancelación del proyecto de un tren de alta velocidad entre la capital y Querétaro, que iba a ser la obra pública emblemática de su sexenio con una inversión de 3.700 millones de dólares.

Al gobierno le preocupa sobre todo el efecto sobre los campos ahora abiertos a la inversión privada. Según diversas estimaciones, el barril tendría que estar en torno a los 77 dólares para que la mayoría de los proyectos energéticos mexicanos sean rentables. El precio de la mezcla mexicana de crudos para exportación ha caído un 42% desde junio, hasta los 40 dólares, frente a los 79 dólares previstos en el presupuesto de 2015.

Cuando el año pasado México anunció la apertura de 169 bloques a la inversión privada, la primera vez en 75 años, el gobierno esperaba inversiones por valor de 12.000 millones de dólares anuales en los próximos cuatro años, lo que subiría la producción en medio millón de barriles diarios y aumentaría el PIB en un punto porcentual.

Ahora, el banco central ha reducido sus previsiones de crecimiento para este año al 2,5%, frente al 4% anterior. El gobierno ya ha subido el precio de la gasolina un 1,9% pero aun así tendrá que emprender un ajuste fiscal adicional en 2016.

Pero aunque se han suavizado las condiciones de los contratos y se está considerando retrasar algunas subastas hasta que mejore el entorno de precios, la atmósfera se ha cargado de pesimismo. No es extraño. La petrolera estatal Pemex gasta cada vez más dinero para extraer cada vez menos petróleo: su producción ha caído hasta los 2,4 mbd, un millón menos que hace 10 años.

Y llueve sobre mojado. El gobierno ha reducido el presupuesto de la compañía en 4.000 millones de dólares para este año, lo que va dificultar aun más sus planes de extraer crudo en las aguas profundas del Golfo de México. El presidente de Pemex, Emilio Lozoya, ya ha anunciado la postergación de varios planes de exploración y de la modernización de tres refinerías. Incluso Pemex está evaluando reducir su personal, de 150.000 empleados, casi todos miembros del sindicato más poderoso del país.

En Brasil la situación es similar.

Cuando en 2007 Petrobras anunció el descubrimiento de los llamados ‘campos pre-sal’ frente a las costas de Río de Janeiro, la compañía estimó que podían contener al menos 50 millones de barriles de crudo. Luiz Inácio Lula da Silva no exageraba cuando dijo que para Brasil el descubrimiento equivalía a “ganar la lotería”.

Pero debido a la confluencia del escándalo de la corrupción que afecta a la compañía y la caída de los precios del crudo, el premio parece haberse esfumado. Muchos de los contratos de Petrobras a empresas como OAS o Sete Brasil han tenido que ser cancelados o retrasados ‘sine die’, lo que ha puesto al borde de la quiebra a varias compañías que dependían de ellos para pagar sus deudas.

Petrobras, que ha visto reducirse su valor en bolsa un 55% desde septiembre, ha admitido que sobrevaloró su activos en unos 30.000 millones de dólares. Las perspectivas serían algo mejores si se pudieran explotar a un precio competitivo los campos pre-sal. El problema es que los costes mínimos de extracción se sitúan sobre los 100 dólares.

Colombia, un importador neto de petróleo hasta hace no mucho, también ha visto desvanecerse sus esperanzas de un alto crecimiento impulsado por los hidrocarburos. En los últimos siete años, el país casi duplicó su producción, con lo que se convirtió en el cuatro productor de la región y el quinto suministrador de EEUU. Debido en parte al boom petrolero, la economía creció un 4,8% el año pasado.

Ahora Puerto Gaitán, una ciudad en cuyos alrededores se produce el 25% del petróleo del país y que triplicó su población en la década pasada, ha perdido 7.000 empleos debido a la congelación de las inversiones en el campo de Rubiales, el más grande de Colombia. El gobierno estima que a escala nacional la industria podría perder este año unos 25.000 empleos, el 25% del total.

La estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol)

La petrolera estatal Ecopetrol, que llegó a valer tres veces más que Petrobras pese a producir tres veces menos crudo, ha tenido que reducir su presupuesto para este año en un 25%. No es extraño. Sus beneficios netos cayeron un 42,7% en 2014.

Actualmente, un 15% del gasto público es financiado por las exportaciones petroleras. Colombia tiene una normativa fiscal que le exige distribuir el ajuste según la fluctuación de los precios del crudo, lo que significa que el gobierno tendrá que recaudar más impuestos si quiere alcanzar los equilibrios fiscales estructurales que le impone la actual legislación. La renta petrolera colombiana en 2013 fue de 24.500 millones de dólares mientras que este año apenas será de 9.500 millones.

La situación fiscal de Venezuela es, de lejos, la más seria.

Pero ante la cercanía de las elecciones legislativas, es muy improbable que Maduro vaya a autorizar la subida de la gasolina, que prácticamente se regala en Venezuela, lo que empeorará las distorsiones fiscales y terminará afectando al programa Petrocaribe, que brinda asistencia energética a 16 países centroamericanos y caribeños. Al menos del 10% del PIB cubano, por ejemplo, depende del crudo venezolano subsidiado.

En todo caso, en casi todos los países beneficiarios del programa, la caída del valor de las importaciones petroleras excede ya el financiamiento que reciben de Petrocaribe, lo que va a facilitar el ajuste fiscal, al menos a corto plazo.

La gran oportunidad que presenta la coyuntura es que la bajada de los precios facilita la eliminación de los gravosos subsidios a los combustibles, como ya han hecho India, Egipto, Angola, Irán, Nigeria o Indonesia. Esos subsidios sumaron unos 540.000 millones de dólares en todo el mundo en 2014. En Venezuela fueron 12.000 millones.

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