LA HABANA, Cuba -El acoso de los inspectores estatales contra los trabajadores por cuenta propia, con el propósito de forzarlos al soborno, no sólo es el resultado de la corrupción que afecta a toda la sociedad cubana, sino que es una consecuencia de la naturaleza misma de la actividad laboral privada, ya que cualquier forma de trabajo fuera del control estatal es constitucionalmente ilegal.

Los permisos que el gobierno ha concedido a muchos ciudadanos, para crear pequeños negocios privados, carecen de garantías constitucionales. La falta de proveedores mayoristas de medios y recursos, que permitan el abastecimiento legal a precios de costo, es una dificultad que evidencia la falta de legitimidad de estos comerciantes, quienes tienen que acudir al mercado negro y otras ilegalidades para lograr –medianamente- que sus negocios sean rentables.

“Todo es una trampa –asegura Nelson Figueredo Alfonso, de 66 años– No te dan ningún recurso para trabajar; todo lo tienes que comprar en las tiendas en divisas, y ya tú sabes: la cuenta no da, ¡y ellos lo saben!, por eso la gente tiene que “inventar” y entrar en el juego, si quiere sobrevivir”.

Figueredo Alfonso, quien se inició en el cuentapropismo en el año 1994 como fabricante y vendedor de artículos plásticos, y pasó tres años realizando esa labor, considera que “el gobierno utiliza cualquier estrategia para liberar las presiones sociales durante los períodos de fuertes crisis económicas; sabe que un estallido social sería incontenible, porque tendrían que enfrentarse con la rebeldía de un pueblo descontento, movido por un odio y una frustración que ellos mismos alimentaron”.

Cuentapropistas en las calles de La Habana- Foto Ernesto Aquino

El ex-cuentapropista, que ahora vive “de la ayudita que me envían mis hijos desde los Estados Unidos”, dice estar seguro que al gobierno sólo le interesa mantener al ciudadano en un estado de corrupción que lo limite moralmente y lo mantenga alejado de cualquier forma de lucha civil que amenace el poder totalitario.

Una abogada que abandonó la profesión hace diez años, “avergonzada y cansada de tener que soportar el despotismo de las autoridades políticas”, precisó que en Cuba el trabajo privado es un castillo de humo, que al menor contacto con un proceso legal se esfuma.

La jurista de 46 años, quien prefirió proteger su identidad por temor a ser molestada, definió la política oficial como “una auténtica trituradora humana; una maquinaria endemoniada que arremete contra cualquier forma de desarrollo individual”.

Continuó expresando, que “los países que viven bajo un estado policial no tienen legitimidad jurídica, porque las leyes son representaciones cosméticas sujetas al capricho de un todopoderoso señor feudal”.

Según señaló, el castrismo es un sistema que se alimenta de conspiraciones y alianzas desleales, y el cuentapropismo es una forma más de sometimiento, si consideramos que sus actividades laborales son manipuladas y dirigidas por regulaciones y normativas impuestas por el Estado, sin que el propietario pueda reclamar sus derechos.

Todos los trabajadores por cuenta propia que fueron entrevistados -y que aceptaron dar su testimonio de forma anónima-, están conscientes de su fragilidad legal.

Puestos de negocitos privados que sobreviven acosados por los altos impuestos. Foto Ernesto Aquino

“Los inspectores nos acosan –dijo uno de ellos que se dedica a la confección de calzado- porque saben que el Estado no nos vende los materiales que usamos para realizar nuestro trabajo; por lo tanto, tenemos que comprarlo en el mercado negro, de manera que siempre existe una rendija por donde se te pueden colar y presionarte, para que tengas que comprar su silencio; y claro, uno para no afectarse demasiado llega a un acuerdo con ellos y les asigna una cuota mensual, para que durante el resto del mes te dejen tranquilo”.

La realidad concreta no parece admitir interpretaciones conceptuales cuando la evidencia se deriva de la naturaleza misma de los hechos.

Y los cuentapropistas, a pesar de la autorización que les concede el gobierno para sus actividades laborales privadas, mediante el pago de Licencias e impuestos, lo cierto es que el verdadero dueño de sus negocios es el Estado, y que no obstante la aparente legalidad con que realizan sus labores, viven tan perseguidos  y asustados como cualquier marginal.

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